Auditor interno OHSAS 18001
En las administraciones públicas, la seguridad y salud en el trabajo también puede gestionarse mediante sistemas de gestión basados en la norma OHSAS 18001.
En el desarrollo de sus funciones y de la prestación de los servicios públicos, las administraciones cuentan con trabajadores que desarrollan sus actividades bajo determinadas condiciones de trabajo que han de cumplir con la legislación laboral vigente.
De partida y por las características del trabajo realizado por el personal del sector público, los niveles de riesgo a los que se ven expuestos los trabajadores de las administraciones públicas son inferiores a los de otros sectores como el de la construcción o el de la actividad industrial.
Esto es así para aquellos riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo o con los que son materia de la higiene industrial, pero en el sector público tienen mayor incidencia aquellos riesgos que son objeto de estudio de la ergonomía y la psicosociología aplicada.
La mayoría de estos riesgos dan lugar a estrés, así como a otros problemas psíquicos que originan malestar en el lugar de trabajo y, que en muchos casos, son la causa de bajas por enfermedad con los consiguientes costes asociados y la necesidad de reajustar la plantilla existente para cubrir estas bajas.
En el caso de que no se tengan en cuenta estos riesgos, no solo nos encontramos con los efectos negativos mencionados, sino que también se está perdiendo la oportunidad de mejorar las condiciones psíquicas de trabajo y aprovechar los incrementos de la capacidad de trabajo y productividad que se originan aplicando las medidas adecuadas.
Con la implantación de la norma OHSAS-18001 las administraciones públicas se benefician de la gestión de los riesgos psicosociales que pueden dar lugar a problemas como:
- una mayor dificultar para que los trabajadores se comuniquen
- inadaptabilidad a los cambios en métodos de trabajo, tareas o ritmo.
- acoso psicológico
- etc.
Ante los beneficios que aporta la aplicación de la norma OHSAS18001, las administraciones públicas encuentran sobrados alicientes para la implantación de sistemas de gestión de la seguridad y salud que ayude a controlar y reducir los riesgos para sus trabajadores repercutiendo en la calidad de los servicios públicos prestados.